La defensa de la propiedad privada es uno de los pilares del Estado de Derecho y hoy di un paso clave para reforzarla en Santa Fe. Presenté mi tercer proyecto de ley en la Cámara de Diputados provincial: la Ley de Desalojo Express, una herramienta pensada para que los propietarios recuperen sus inmuebles ocupados ilegalmente en un máximo de 15 días, con pleno respeto al debido proceso.

Actualmente, los procesos de desalojo en Argentina —incluida Santa Fe— pueden extenderse meses o incluso años. Esto genera pérdidas económicas, bloquea viviendas y comercios, desalienta la inversión y mina la confianza en la Justicia. Con este proyecto, el procedimiento será ágil y transparente: la notificación de desalojo se enviará dentro de los 5 días hábiles posteriores a la denuncia, y si no se cumple de forma voluntaria, el juez ordenará el lanzamiento inmediato en un plazo máximo de 15 días.

La norma aplica a viviendas, comercios y terrenos, pero solo cuando la ocupación sea claramente ilícita y documentada, lo que protege al propietario y evita desalojos indebidos. También incluye un protocolo especial para menores, adultos mayores o personas con discapacidad, evitando que sean usados como escudo para demorar los procesos. En estos casos intervendrá el Ministerio Público Fiscal y se garantizará asistencia social y sanitaria a los afectados.

Un punto central es la incorporación de la legítima defensa física proporcional, que habilita al propietario o poseedor legítimo a impedir o revertir de manera temporal una ocupación ilegal hasta que actúe la Justicia, siempre de manera proporcional al riesgo.

Además, los ocupantes ilegítimos tendrán responsabilidad civil y penal por daños, roturas o desaparición de bienes, que serán constatados mediante inventarios y peritajes. Esto obliga a reparar o indemnizar al propietario.

Con esta iniciativa, mi objetivo es proteger la propiedad privada, dar herramientas rápidas y claras a la Justicia, fortalecer la seguridad jurídica e incentivar la inversión en Santa Fe. Este proyecto devuelve confianza a los ciudadanos y deja en claro un principio: cuando la Justicia funciona, gana el ciudadano y pierden los delincuentes.